NOTA DEL COMITÉ EJECUTIVO DE LA CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA

Ley de educación, inaceptable y por sorpresa

Ante el Proyecto de Ley Orgánica de Educación (LOE) aprobado hoy por el Gobierno, hemos de hacer públicas las siguientes observaciones:

1. Se trata de un texto desconocido para la Comisión Mixta que se reunió una vez, el pasado día 23 de junio, en orden a negociar las cuestiones que afectan a la Iglesia y al Estado por venir reguladas en los Acuerdos entre éste y la Santa Sede.

2. El Proyecto de Ley es, por tanto, de la responsabilidad exclusiva del Gobierno, ya que no ha habido diálogo ni negociación alguna respecto del mismo. Este procedimiento no es respetuoso con los usos habituales en materias afectadas por tratados internacionales.

3. La Conferencia Episcopal ha manifestado sus propuestas reiteradamente, por escrito y de palabra, a las autoridades gubernativas sin haber obtenido más resultado que el que hoy lamentamos.

4. Tras una primera lectura del texto legal debemos manifestar nuestro desacuerdo con el mismo por los siguientes motivos: recorta el derecho fundamental de los padres a decidir sobre la educación de sus hijos de acuerdo con sus convicciones religiosas, morales y pedagógicas; limita gravemente la libertad de la escuela católica y de las demás instituciones educativas de iniciativa social en el ejercicio de sus derechos a la educación; pone seriamente en peligro la enseñanza de la religión en la escuela y arbitra un nuevo estatuto de los profesores de religión que contradice la reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo.

5. Invitamos a padres, profesores, alumnos, instituciones católicas y a la sociedad en general, a una reflexión profunda y a poner el máximo empeño en la defensa y promoción de un marco legal que permita la educación integral de niños y jóvenes en un contexto de justicia y libertad. Confiamos en que la discusión parlamentaria de la Ley, permita salir al paso de las graves deficiencias de la misma. Sólo se pide el respeto de lo pactado en Acuerdos internacionales y de los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución.

Madrid, 22 de julio 2005